La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, informó este jueves 02 de agosto que la nueva Ley Penal del Ambiente, que entró en vigencia el pasado miércoles, contiene 73 delitos de los cuales 26 son nuevos y el resto sufrió modificaciones de fondo y de forma.
Tal planteamiento fue realizado en el programa “En Sintonía con el Ministerio Público», en el que señaló que es necesario que la colectividad asuma la protección del ambiente de manera integral, con la ayuda de la nueva legislación.
Destacó el articulo 110 del referido instrumento legal en el que se señala que los propietarios de fuentes fijas o establecimientos que generen ruidos que por su intensidad, frecuencia o duración fuesen capaces de causar daños o molestar a las personas, en contravención a las normas técnicas vigentes sobre la materia, tendrán una sanción de arresto o pecuniaria.
Ortega Díaz detalló que el Ministerio Público ha venido trabajando arduamente llevando a las distintas escuelas y comunidades, talleres de capacitación en materia ambiental y en otras áreas de interés, “es importante la formación del ciudadano desde tempranas edades”, dijo.
Explicó que en esta ley se logró concentrar todos aquellos tipos penales que estaban dispersos en textos legislativos como la Ley Sobre Sustancias, Materiales y Desechos Peligrosos, Ley de Bosques y Gestión Forestal y Ley de Gestión de la Diversidad Biológica
Detalló que la nueva legislación suma a otros organismos en la lucha por la preservación del ambiente, que si bien tenían funciones en la instrucción de expedientes administrativos ambientales, ahora pasan formalmente a ser auxiliares de la institución como órgano de investigaciones penales, entre ellos los funcionarios de los ministerios del Ambiente, Energía, Petróleo, Minas, Salud, Agricultura y Tierras, Vivienda y Habitat, Transporte Terrestre, Transporte Acuático y Aéreo, y del Instituto Nacional de Parques.
Afirmó que el Ministerio Público ha venido trabajando en las sanciones en materia ambiental, las cuales han sido enfocadas para que las personas puedan resarcir el daño causado.
Fuente: Prensa MP
