Editorial: Llegamos al llegadero

La sentencia 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), de fecha 29 de marzo, marca un hito en la historia venezolana. Hay un ante y un después. Nada será lo que fue, y no volverá a ser lo mismo.

Si bien el TSJ venía tasajeando las competencias de la Asamblea Nacional pedazo a pedazo, a los opositores todavía se les hacía difícil explicarle al resto del mundo que en Venezuela no existía la separación de poderes. Una característica fundamental para la existencia de la democracia en un país.

Resulta pues que este miércoles, los magistrados de la Sala Constitucional facilitaron el trabajo a la dirigencia opositora. No habrá que explicar porque el régimen asumió las competencias de la Asamblea Nacional, a pesar que perdió su control -que ejercía absolutamente – en las elecciones parlamentarias del 2015.

Todo acto genera responsabilidades en los sujetos que toman las decisiones. Esa responsabilidad siempre es personal, a pesar que esas decisiones sean tomadas por unanimidad, o en forma “conjunta”, como ahora se complacen los magistrados en señalar para que el país no conozca el nombre del magistrado proponente de la sentencia.

Otra explicación, de ese esconder responsabilidad en una multitud de pocas personas, es que la redacción provino de otros personajes lejanas al alto tribunal, pero cercanas al régimen.

En todo caso, ha quedado de manifiesto una de las razones que ha llevado a ilustres abogados constitucionalistas a denunciar la ilegalidad de la designación de dichos magistrados por no cumplir con los requisitos mínimos constitucionales.

Sin embargo, esas carencias tanto en experiencia, preparación, como por la presencia de impedimentos para ser magistrados, no los exime de las responsabilidades de la decisión que tomaron al emitir la sentencia 156, con la cual más que aumentar el poder de un presidente, cometen un fraude a la Constitución, al desconocer a la voluntad popular que votó por unos diputados que los representan.

A partir de hoy, el gobierno podrá hacer todo lo que le da gana y fuera de la Constitución. Eso incluye al presunto poder de los magistrados. Ya no harán falta. Se despojaron a sí mismos de sus facultades judiciales.

Basta saber si en la intimidad de sus pensamientos, pueden ponerse en los zapatos del otrora poderoso ex magistrado Eladio Aponte Aponte, hoy reducido no se sabe a qué, en su vergonzoso exilio: Sin prestigio, sin respeto y sin redención posible.

Eduardo Martínez

Editor

www.eastwebside.com

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