Análisis de la situación Económica y Financiera de Venezuela en los últimos 11 años

En Septiembre del 2010, 26 economistas del país, de todas las regiones, tendencias y de varias generaciones,  suscribieron un documento en el cual hacen pública su preocupación ante la situación económica nacional.

Víctor José Venero Inojosa, a quien no conocemos, nos envió sus comentarios a raíz de la lectura del documento de los economistas venezolanos.

Demasiado extenso, como para incluirlo entre los comentarios que permite la página, lo consideramos bastante interesante.

Lo escrito por Víctor José Venero Inojosa es un trabajo de investigación y análisis que incluimos en la edición del día de hoy, sin editarlo y sin corregirlo.

Análisis de la situación Económica y Financiera de Venezuela en los últimos 11 años

por Víctor José Venero Inojosa

No cabe duda que la política económica es el argumento fundamental del Estado para justificar la función reguladora y estabilizadora que este cumple en las naciones que poseen economías modernas; fijando las políticas impositivas, monetarias y cambiarias, así como diseñando las reglas del juego; permitiendo que el mercado actúe libremente pero respetando estas reglas.

Es la intención de este material representar de la forma más sencilla posible lo que representa la política fiscal, económica, social la cual comprende la función impositiva y reguladora del estado en las economías modernas; y especialmente nos referiremos a la política fiscal aplicada en Venezuela.

Durante los períodos de bonanza petrolera que vivía el país y hasta la llegada del viernes negro, la costumbre por parte de los gobiernos; era tener un enorme gasto público producto de un abultado número de subsidios y regalías; y una política de endeudamiento demasiado arriesgada, y como los ingresos por concepto de exportaciones petroleras eran suficientes para cubrir el gasto público, realmente no se desarrollo nunca una política económica y menos una política tributaria eficiente y adaptada a la realidad del país y modernizada. La modernización llegó muy tarde, hace apenas unos 15 o 20 años los instrumentos fiscales utilizados en las políticas económicas eran pocos, mal implantados y muy difíciles de controlar, obteniéndose una gran pérdida por los altos niveles de evasión fiscal que se presentaban.

Se ha intentado aplicar serias medidas en materia económica pero han perdido efecto; primero por falta de continuidad en las políticas aplicadas, es decir, muchas veces dentro de un mismo periodo gubernamental hemos visto cambios en las políticas aplicadas, y apenas toman control los nuevos gobiernos inmediatamente son cambiados los planes económicos, con esto solo se logra un sistema inestable que no es capaz de asimilar un lineamiento cuando se le impone una nueva dirección.

En Venezuela, la posibilidad de un Estado como el que tuvimos en las últimas décadas ya no es viable, por la sencilla razón de que el país no se puede permitir ese lujo.

La sinceración de la economía es y seguirá siendo la única salida. Las políticas económicas que caracterizaron la política económica venezolana entre 1974 y 1994 arrojaron una hiperinflación alimentada por un drástico y continuado deterioro en el valor de nuestro signo monetario.

La perspectiva de las calificaciones en  moneda extranjera continúa siendo negativa. La disminución de calificación refleja el empeoramiento y el tenso estancamiento político y la profundización de la crisis económica. La fuerte desconfianza que existe entre el gobierno, impide una solución a la crisis de gobernabilidad, habiendo resultado en una contracción interanual del 9,9% en el segundo trimestre de 2002 afirmó un analista de Standard & Poor’s Bruno Boccara. A pesar de los elevados precios del petróleo, el desempleo y la inflación están incrementándose, reflejando la falta de efectividad de las políticas económicas del gobierno.

Aunque la depreciación de casi un 100% del peso bolivariano con respecto al dólar estadounidense en un año contribuyó significativamente a reducir el déficit fiscal ¬ Standard & Poor’s espera que el déficit del presupuesto del gobierno central ascienda a 1,1% del PIB para el año 2002  el gobierno se encuentra enfrentando agudas dificultades en su autofinanciamiento, como queda reflejado en su intención de modificar las reglamentaciones de redistribución de las ganancias del Banco Central de Venezuela.

Standard & Poor’s considera que el servicio de deuda para lo que resta del año puede cubrirse vendiendo los activos líquidos del sector público. Será difícil cumplir con los pagos de capital e intereses que vencen en el año 2003, debido fundamentalmente a que los vencimientos de los bonos denominados en pesos bolivarianos. Los mercados de capitales externos continúan cerrados a la deuda de Venezuela, y los bancos locales se han mostrado renuentes a renovar los préstamos existentes aun a elevadas tasas de interés.

Las calificaciones de Venezuela se encuentran limitadas por Serias limitaciones de financiamiento. Los recursos del FIEM, contrariamente a lo que se esperaría de un fondo de estabilización de petróleo, se han agotado a pesar de que los precios del petróleo son elevados. La administración de la crisis de liquidez durante el año 2003 presentará desafíos significativos.

La política fiscal es el conjunto de medidas e instrumentos que toma el estado para recaudar los ingresos necesarios para la realización de la función del sector público. Se produce un cambio en la política fiscal, cuando el Estado cambia sus programas de gasto o cuando altera sus tipos impositivos. El propósito de la política fiscal es darle mayor estabilidad al sistema económico, al mismo tiempo que se trata de conseguir el objetivo de ocupación plena. Como hemos dicho anteriormente la Política Fiscal tiene 2 componentes, el gasto público y los ingresos públicos.

El actual gobierno venezolano, según su propuesta económica propone una reducción del gasto público, y una modificación al tratar de reducir el gasto corriente, a través de reestructuraciones en todos los organismos oficiales para hacerlos más eficientes y menos costosos, y por su parte aumentar el gasto de capital, para crear la infraestructura necesaria para comenzar la reactivación económica. El presupuesto fiscal del año 2000, tiene un nivel de gasto total acordado de Bs. 17.878 Millardos, equivalente al 24,2% del PIB, aumentando su nivel en 1,5 puntos del PIB con respecto al presupuesto de 1999.

En referencia a la clasificación económica del gasto, el mismo presenta una orientación que está en sintonía con los lineamientos estratégicos de este Programa Económico. Los gastos corrientes se ubican en monto de Bs. 12.718 Millardos, equivalentes al 17,3% del PIB, creciendo en tan sólo 0,3 puntos del PIB con respecto al año precedente. Los de capital, se sitúan en Bs. 2.967 Millardos, equivalentes al 4,0% del PIB, superando en más de 1,1 puntos del PIB al gasto presupuestado del año 1999, y por último, las aplicaciones financieras, dentro de las cuales se encuentran la amortización de préstamos, alcanzan un monto de Bs. 2.192 Millardos, equivalentes al 3% del PIB, presentando una variación con respecto al año pasado de 0,1 puntos del PIB.

Por otra parte, en materia de gestión tributaria propone una reestructuración del actual Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria-SENIAT, para aumentar la recaudación y evitar la evasión de impuestos. Así como la aplicación de una serie de instrumentos de recaudación que permitan reducir el déficit fiscal. En este sentido, el presupuesto fiscal para el año 2000, fija como meta en los ingresos ordinarios de origen no petrolero un monto de Bs. 8.561 Millardos, equivalente al 47,8% del total de ingresos, mejorando su participación en 5,7 puntos porcentuales con respecto al nivel alcanzado en 1999. Los ingresos fiscales originados por la actividad petrolera, excluyendo las transferencias al Fondo de Inversión para la Estabilización Macroeconómica (FIEM), se estiman en Bs. 4.211 Millardos, equivalentes al 23,6% del total de ingresos fiscales.

Los economistas de finanzas públicas consideran que el sector público tiene tres ramas de actividades o tres funciones principales:

La función de estabilización y crecimiento, que se interesa en mantener el balance macroeconómico a fin de prevenir tanto grandes inclinaciones en el empleo y la actividad económica y severos ataques de inflación, así como asegurar una adecuada tasa de crecimiento económico.

La función de distribución, que se refiere a la adecuada distribución de la renta entre los diversos grupos de la economía.

La función de asignación, que se relaciona con la eficiente asignación de recursos en toda la economía. Cada una de estas funciones representa no solamente un objetivo legítimo de política gubernamental sino también un importante aspecto de desarrollo económico.

Las tres metas del sistema tributario señaladas anteriormente, con frecuencia están en conflicto, particularmente cuando se deben mantener los ingresos globales, forzando así a los formuladores de políticas a escoger entre las mismas al tomar sus decisiones de política tributaria. Más importante en ese respecto, es el conflicto entre un sistema tributario eficiente o uno que interfiere menos con el comportamiento económico y crean un menor impacto sobre las decisiones para trabajar o ahorrar o invertir, y un sistema tributario de distribución deseable o uno que logre mejor los objetivos de equidad de la sociedad.

Los impuestos a las ventas se perciben con efectos contrarios. Un IVA, que se aplica de manera uniforme a todas las formas de consumo puede tener una puntuación alta en lo que respecta a la asignación pero una baja calificación en lo que respecta a distribución, ya que afectaría más fuertemente a las personas y familias de bajos recursos.

En caso de incumplimiento, factores tales como la oportunidad de evadir impuestos, las ganancias de la evasión tributaria, los riesgos de detección, y las sanciones aplicadas, se detecta que pueden variar de un impuesto a otro.

Los formuladores de políticas generalmente recurren a dos tipos de acciones al tratar de manejar el problema de conflictos entre las metas. En primer lugar, pueden escoger una mezcla de impuestos. Segundo pueden adoptar disposiciones particulares dentro de la estructura de cada tipo de impuestos en un intento por resolver los conflictos de metas.

Los economistas generalmente dividen los impuestos entre directos e indirectos. Las diferencia entre los dos es que los impuestos directos se recaudan de las personas que se presumen deben pagar el impuesto, mientras que los impuestos indirectos se presume sean transferidos a los consumidores. Aunque los principios detrás de estas tres funciones del sistema tributario puedan servir de base al debate de política en los países en desarrollo, una consideración adicional, menos frecuentemente reconocida, también explica el patrón de tributación directa e indirecta observado en la práctica. Esta consideración adicional es la facilidad de administración de cada impuesto y el grado de cumplimiento de cada uno.

La importancia de los impuestos indirectos en los países de rentas bajas se debe en gran medida a aspectos de administración y cumplimientos tributarios. El impuesto sobre la renta, es mucho más difícil de administrar debido a que el impuesto no puede ser recaudado a través de controles físicos. La única excepción es la renta sujeta a impuesto mediante retención, pero aun en este caso las autoridades tienen que supervisar a los agentes de retención para garantizar la transferencia al gobierno de los impuestos retenidos.

Es de gran importancia destacar que este desempleo ha provocado el desencadenamiento de un problema socioeconómico en el país, en donde está presente una de modalidades de la informalidad de la economía, como lo es Buhonerismo en ciudades de mayor desarrollo urbanístico del país; que es un tipo de actividad de venta al mayor o al detal de diversos bienes en plena vía pública o en ciertos espacios urbanos destinados a tal fin, tanto de manera ambulante, como establecimientos improvisados, sin el cumplimiento de los requisitos legales que el ejercicio de la actividad comercial requiere de acuerdo a las ordenanzas y leyes municipales, lo cual genera un verdadero problema a las ciudades y al país en general, porque da lugar a un deterioro urbanístico, a una inadecuada organización espacial, deficiente funcionamiento espacial, congestionamiento peatonal y vehicular, efectos ambientales y de salud pública, entre otros efectos perjudiciales para el desarrollo y avance de la economía de Venezuela.

Mail: victorv79@hotmail.com

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